El Derecho Administrativo y de Extranjería regula la compleja relación entre los particulares y los organismos públicos, garantizando que la actuación de la Administración se ajuste siempre a la legalidad. Mientras que el Derecho Administrativo general se ocupa de defender al ciudadano frente a actos injustos, multas o expropiaciones, el área de Extranjería se especializa en el régimen jurídico de los ciudadanos no nacionales. Su objetivo es gestionar con seguridad jurídica los permisos de residencia, trabajo y nacionalidad, asegurando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes.